El 70% de las personas que participan en los cursos de recuperación de puntos del permiso de conducir ha sufrido en algún momento de su vida como mínimo un trastorno psicopatológico. Esta es la principal conclusión del estudio Psicopatología y violaciones de tráfico en personas que han perdido el permiso de conducir, realizado por el grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y liderado por el Dr. Sergi Valero. Los datos se presentaron el pasado mes de noviembre en el VII Congreso Internacional de Políticas Europeas de Tráfico, celebrado en Barcelona.

El objetivo del trabajo era determinar las disfunciones psicopatológicas en la población que ha demostrado conductas de riesgo al volante. Para hacerlo, se analizaron 400 casos en colaboración con el Servei Català de Trànsit y el departament de Justícia de la Generalitat. El resultado, según el Dr. Valero, es que “la pérdida del permiso de conducir se multiplica en aquellos casos con carga clínica previa”.

Comorbilidad y TDAH

El estudio destaca que el 60% de las personas que pasan por estos cursos tienen o han tenido problemas con el consumo de substancias, sobre todo alcohol. A este hecho hay que añadir un elevado grado de comorbilidad, ya que el 43% de ellos reciben un diagnóstico psiquiátrico de otro tipo. Y entre los reincidentes es todavía más elevada. Por lo tanto, “fijarse en la gente afectada por un único trastorno es sólo una parte de la película”, como destaca el autor principal del estudio.

Un hecho relevante es que el número de personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en estos cursos es entre 4 y 5 veces más alto que entre la población general. De éstos, 3 de cada 4 presentan una segunda patología, casi siempre el abuso o dependencia del alcohol.

Ante los datos, el Dr. Valero concluye que “el trastorno psiquiátrico es el gran olvidado” en los cursos de recuperación del permiso de conducir. Asegura que la solución no es policial, sino que pide reorientar los cursos. En este sentido, apuesta para introducir medidas legales -aunque reconoce que la competencia es estatal- para hacer una evaluación psiquiátrica de los asistentes reincidentes a los cursos y detectar así si hay algún trastorno. Esto permitiría destinar recursos psiquiátricos y afrontar así uno de los principales elementos que provoquen la reincidencia.