La experta en Psicología Forense canaria afincada en Nueva York, Virginia Barber, destaca la exigencia de formación y de experiencia de quienes ejercen como psicólogos forenses para la valoración del riesgo de violencia y de reincidencia criminal, dado el alto grado de responsabilidad social, y no sólo personal, que contraen estos profesionales a la hora de señalar si una persona que va a ser condenada o que está ya en prisión, tiene un riesgo mayor o menor de cometer o reincidir en un delito violento.
En la Semana de la Psicología y la Logopedia que celebra la Sección de Psicología de la ULL (Universidad de La Laguna), afirmó que la valoración del riesgo de violencia cobra relevancia en España ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe una modificación de la ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con medidas de seguridad basadas en la "peligrosidad" de una persona que haya cumplido su condena.
Barber, que también imparte este martes un taller en el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, señaló que de aprobarse este cambio legislativo, el condenado podría ser sometido a la medida de libertad vigilada o a la "custodia de seguridad", a pesar de haber cumplido su condena.
Presumiblemente, los psicólogos forenses serían consultados para determinar lo que jurídicamente se considera "peligrosidad", sin embargo, dijo Barber, la idea de "peligrosidad" es un concepto jurídico con poca validez científica aunque vigente en la legislación penal, e insistió en la importancia de la formación de los profesionales para traducir a los jueces el término desde la Psicología Forense.
La importancia de ser un buen psicólogo o psicóloga clínicos y/o forenses, y de hacer un buen diagnóstico para conocer si un factor de riesgo es real o no, ha estado presente en sus intervenciones, lo cual vincula en todo momento al papel de los profesionales ante la Justicia.
"Los jueces pueden basarse en nuestras opiniones para determinar la resolución de una sentencia de libertad provisional o medidas alternativas a la prisión o, como ocurre en Estados Unidos, donde esta valoración cobra especial significado en los lugares donde hay pena de muerte", señaló
No obstante, y ante la implantación de la llamada prisión permanente revisable en España para los autores de determinados delitos (agresiones sexuales a menores o bandas organizadas), la psicóloga experta advirtió de los cambios legislativos basados en "alarmismos sociales" sin fundamento real o científico.
Virginia Barber ha dicho que el porcentaje de reincidencia en este grupo es bajo en comparación con otros delitos: aproximadamente de un 13 por ciento, y alertó de la creencia social de la posibilidad de que un enfermo mental, con esquizofrenia o trastorno bipolar, sea más violento que una persona sin enfermedad mental.
Según explicó, "es cierto que existe una correlación estadística significativa entre la enfermedad mental y la violencia en personas con sintomatología psicopatológica, pero es baja o modesta si se compara con, por ejemplo, la combinación de género masculino, juventud y drogodependencia, además, son algunos síntomas, y no el diagnóstico en sí, lo que puede elevar el riesgo".
CAMBIAR EL ANÁLISIS DE LA PRENSA
Aludiendo a tres ejemplos de delitos violentos en España, por violencia machista, el de un enfermo mental que mató a sus padres, y el caso del pederasta de Ciudad Lineal, la experta ha explicado que, pese a lo que pueda parecer, requieren tres tipos de valoración de riesgo distintas, y ha precisado que los factores, los instrumentos y los procesos de aproximación son totalmente diferentes.
Virginia Barber considera también que la mayor parte de lo que se trata en los medios de comunicación sobre delitos violentos no tiene ninguna base científica, por lo que animó también a los psicólogos a cambiar las valoraciones que hace la prensa, que consideró, además, "muy dañinas".
Barber es doctora en Psicología Clínico-Forense por la Universidad John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. Durante dos años fue asesora en la modificación de los servicios de salud mental en las 12 cárceles de menores de Puerto Rico y participó en cursos de formación a la policía de Nueva York para mejorar la intervención con enfermos mentales en situación de arresto.
De 2009 a 2011, fue la directora clínica de los juzgados de salud mental y violencia doméstica de las cortes Criminal y Suprema de Queens, Nueva York, y de 2011 a 2013 ejerció como psicóloga forense en el departamento de Psiquiatría Forense del Bellevue Hospital Center.
